La Legislatura apoyó a trabajadores de AGR

En la primera sesión ordinaria del año, la Legislatura de la Ciudad Autónoma votó una declaración de solidaridad a trabajadores y delegados de la empresa AGR, perteneciente  al grupo Clarín, quienes, como se sabe, desde enero último ocupan el taller del barrio de Pompeya en defensa de su fuente laboral.
El texto hace constar que ese cuerpo colegiado “expresa su solidaridad con los trabajadores y la comisión interna de Artes Gráficas Rioplatenses S.A. que se encuentran realizando una permanencia en la planta en resguardo de la fuente de trabajo de sus 380 operarios”.
La iniciativa provino del diputado Marcelo Ramal, del bloque Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT). Según informaron fuentes cercanas al legislador, el texto del proyecto original era más fuerte y directo, puesto que manifestaba “su repudio al vaciamiento patronal y la maniobra de despidos para liquidar conquistas obreras, el convenio colectivo y avanzar en la precarización laboral del trabajo” y su rechazo a “la amenaza de desalojo y a la presencia de la Policía y la Gendarmería en los alrededores de la planta, en la redacción del diario Clarín y en la planta de Zepita”.
Sin embargo, en procura de la adhesión de los otros bloques, se consensuó con estos un nuevo texto que finalmente se presentó sobre tablas en el recinto, donde varios legisladores colocaron en sus bancas carteles que ostentaban la leyenda “Reincorporación ya en AGR-Clarín”, mientras que en la barra se hallaba una delegación de trabajadores de la planta de AGR. Según se informó, la declaración resultó votada por unanimidad.
En su presentación de la tabla, Ramal destacó la presencia de la delegación y manifestó que el 16 de enero último “la planta AGR cerró sus puertas imprevistamente, dejando a sus 380 trabajadores en la calle” y que “la empresa, perteneciente al grupo Clarín, no dio ningún tipo de explicaciones”.
Especificó además que está actuando en la más completa ilegalidad porque, de acuerdo con la legislación vigente, cuando una empresa está en situación de crisis y la afectación del empleo alcanza a más del 15% de la planta de sus trabajadores, está obligada a sustanciar el llamado procedimiento preventivo de crisis, “con la intervención del Ministerio de Trabajo y de las propias representaciones sindicales, donde debe demostrar que efectivamente se encuentra ante una crisis económica”.
“Dada la naturaleza económica de este grupo”, advirtió el legislador, “nadie puede creer que esto sea así y sí, en cambio, que estamos ante un intento de reemplazar trabajadores con convenio, con antigüedad y con conquistas, por trabajadores en condiciones precarizadas”.
En declaraciones periodísticas, un trabajador de AGR que asistió a la sesión contó: “Estuvimos presentes cuando se votó y salió por unanimidad, nos parece bárbaro. Nos sorprende un poco que haya votado el PRO, pero creemos que estos son los síntomas que produce la visibilización del conflicto. Es hora de que se le suelte la mano al grupo Clarín”.
A su vez, Ramal expresó posteriormente que “haber logrado que la Legislatura vote esta declaración es una victoria, y al mismo tiempo hay que señalar la contradicción”, dijo, con referencia a que “el bloque del macrismo que votó esta declaración de solidaridad debe notar que su ministro de Trabajo [de la Nación, Jorge] Triaca, no recibe a los trabajadores y el Estado no interviene ante una situación que, como hemos denunciado en la Legislatura, es completamente ilegal”.
Y explicó que “la Ley [Nacional de Empleo, N° 24.013, Artículo 98] indica que, cuando se despide a trabajadores en una empresa y los afectados representan más del 15% de su planta laboral [en empresas de menos de 400 trabajadores], esa empresa, previamente a la comunicación de estas medidas, está obligada a acogerse al procedimiento preventivo de crisis”.
Así, continuó, “está obligada a abrir sus libros, a exponerlos ante el Ministerio de Trabajo, ante la propia delegación gremial; y acá no ocurrió nada de eso, simplemente bajó sus persianas y dejó a 380 obreros en la calle”.