Beneficio para hijos de víctimas de femicidio

En el salón Presidente Perón de la Legislatura de la Ciudad Autónoma se realizó un acto durante el que se presentó un proyecto de la Defensoría del Pueblo local que propicia una reparación económica para los hijos de víctimas de femicidio.

Se trata del proyecto de Ley Brisa, nombre inspirado en el de una niñita que tenía tres años cuando el padre mató a la madre.

Asistieron la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, Guadalupe Tagliaferri; el titular de la Defensoría, Alejandro Amor; la vicepresidenta primera de la Legislatura, Carmen Polledo; la titular del Consejo Nacional de la Mujer, Fabiana Túñez; la presidenta de la asociación civil La Casa del Encuentro, Ada Beatriz Rico; legisladoras de distintos bloques, otros funcionarios y público.

En primer término habló Carmen Polledo, quien empezó por señalar que “las estadísticas que se manejan son realmente espeluznantes y nos dicen que durante el año pasado, en el país, existieron 290 femicidios que dejaron alrededor de 401 chicos que se quedaron sin madre”.

Expresó que esa situación “es muy cruel y deja marcas terribles” y que “todo lo que se haga para tratar de sanar esas marcas y esas huellas tiene que ser muy valorado”. Y añadió: “Seguramente pensamos cómo es la infancia o la adolescencia de los chicos que atraviesan por este problema, qué valores los van a acompañar en sus vidas, qué sensaciones, qué es lo que van a hacer para poder despegarse de esa realidad tremenda que les tocó transitar. Creemos que tiene que haber un apoyo constante de todos y cada uno de nosotros y de todas las instituciones de la sociedad para poder acompañarlos y paliar semejantes huellas”.

Seguidamente la directora de la Unidad de Política Institucional de la Defensoría, Dolores Gandulfo, comunicó que el proyecto “trata de que la ciudad de Buenos Aires sea pionera en materia de derechos de la mujer y, cuando de derechos de la mujer se trata, de derechos de los niños”.

A continuación, la presidenta de la Comisión Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura, Andrea Conde (FpV), declaró: “Algunas de nosotras que venimos de los movimientos de mujeres, del feminismo, y que muchos años hemos luchado, debatido, reflexionado y peleado por los temas de la agenda de género, estamos en un momento muy especial porque hace un tiempo ya que el tema de la violencia de género se hizo masivo y el Estado lo toma”.

Consideró que eso “no es casualidad, es el resultado de muchísimas variables, entre ellas las largas décadas de lucha de los movimientos de mujeres y de las feministas y también de los encuentros nacionales de mujeres”.

Acto seguido, la ministra Tagliaferri manifestó, en primer lugar, que “antes ni siquiera podíamos visibilizar a las mujeres” y que “hoy nos encontramos tratando de empezar a visibilizar fuertemente a estos hijos y a estas hijas víctimas del femicidio”, y estimó que “el avance es enorme”.    

En segundo término, remarcó: “Esta lucha la ganamos cuando al lado nuestro estén luchando los varones. Vamos a dejar de tener femicidios cuando en la calle marchemos mujeres y varones y seamos la misma cantidad de mujeres que de varones”.

“La tercera cuestión que me parece importante destacar”, dijo, “es que estamos todos los espacios políticos, y eso no es menor”, y enfatizó: “Cuando nos matan no nos preguntan a quién votamos, ni a qué dios profesamos, ni cuánta plata tenemos en la cuenta bancaria; nos matan igual, y a nuestros hijos los dejan sin madre”.

A posteriori, la presidenta del Bloque Peronista, María Rosa Muiños, afirmó que “este es un paso más, no solamente simbólico sino muy concreto, en la defensa de nuestros hijos, porque el hijo de una mujer muerta es el hijo de todas”.

Consideró que “si la política se hace de gestos y de hechos, este es un hecho” y que “tenemos que tratar de ser pioneros en estas cuestiones que hacen a la justicia social”.

Luego, la presidenta del bloque de la Coalición Cívica, Paula Oliveto Lago, aseguró que “muchas veces, el femicidio es el final de una historia de violencia que empieza con no pagar alimentos, con que no puedas salir de la casa, con que vos no puedas trabajar, entonces te van anulando y se van apropiando de tu vida”.

Sostuvo que “si bien es importante lograr que el Estado tenga que estar acompañando a esos chicos cuando les pasa lo peor que le puede pasar a un niño, que es perder a su referencia, que es su madre, también tenemos que trabajar por modificar ese Código Civil que ahora se modificó, pero el punto sustancial, que es el derecho de las mujeres a los alimentos, no se tocó”.

A su turno Sol Méndez, quien habló en representación de la legisladora Graciela Ocaña (Confianza Pública), observó que “el paradigma tiene que cambiarse, que la mujer tiene que tener una real igualdad de oportunidades” y que “no va a ser un cambio de un día para el otro”.

“Más allá de eso”, siguió, “celebramos esta ley”, y advirtió que “al niño que es víctima”, ni “el Estado ni ninguno de nosotros le puede devolver a la madre, pero tenemos que estar ahí para ayudarlo y para darle las herramientas para que ese chico pueda desarrollarse”.

A su turno, Ada Rico subrayó que “la violencia de género atraviesa todos los sectores” y que “en estos temas, la política partidaria tiene que quedar de lado”.

Informó que en los últimos nueve años “los medios de comunicación han registrado 2.384 mujeres que fueron asesinadas por violencia de género, o sea que cada treinta horas una mujer es asesinada en nuestro país”, y que “en cuanto a los niños, las niñas y los adolescentes, registramos 2.919 hijos e hijas, de los cuales un 63% son menores de edad”, y precisó: “Estamos hablando a nivel Nación”.

Y continuó: “A nivel Ciudad, en estos nueve años hemos detectado 55 hijos e hijas menores de edad: 55 personitas a quienes les va a cambiar la vida cuando esta ley sea aprobada”.

Cerró el acto el defensor del Pueblo, quien comenzó diciendo que “la democracia es un lugar en el que no existen enemigos, existen personas que pensamos distinto” y que “desde esa heterogeneidad tenemos que poder ser capaces en muchos temas, pero sobre todo en temas como estos, de dejar de lado las pertenencias o las posiciones partidarias, no porque no las tengamos que tener, sino porque hay temas superiores a los partidos políticos, como es la vida de cualquier persona”.

Hizo notar que “hay muchas leyes que están vigentes, no en este sino en muchos temas, pero no alcanzan a resolver el problema porque la solución no está solamente en la vigencia de una ley sino en la conducta que tengamos cada uno de nosotros”, y resaltó: “Este es, a mi juicio estrictamente, un cambio cultural que tenemos que hacer”.

En ese sentido, explicó: “Cuando hay un femicidio hay un varón que mató: entonces, somos los hombres los que tenemos que hacernos cargo de este cambio cultural, porque las mujeres son las víctimas y nosotros los responsables, por eso el cambio tiene que empezar desde adentro de cada uno”.

El proyecto

El proyecto de Ley Brisa, elaborado por la Defensoría junto con la Casa del Encuentro, es una adaptación del de igual nombre, creado e impulsado por esa asociación civil y presentado el año último por el senador Jaime Linares (GEN), con el acompañamiento de colegas de distintos bloques, y que ya obtuvo media sanción en la Cámara alta.

En su primer artículo, el proyecto local plantea la creación del “Régimen de Reparación Económica para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes” en el caso de que “su padre haya sido procesado o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice de delito de homicidio agravado por el vínculo (femicidio)” y en aquel en que “la acción penal seguida contra su progenitor, en la causa donde se investigue el homicidio de su madre, se haya declarado extinguida por muerte de aquél”.

Según el Artículo 2º, para ser “beneficiario de la Reparación Económica”, se deberá “ser hijo/a de la progenitora fallecida según lo establecido en el Artículo 1º”, así como “ser menor de 21 años de edad o persona con discapacidad sin límite de edad”, y “tener su domicilio en forma permanente en la Ciudad de Buenos Aires”.

En virtud del Artículo 3º, “la prestación establecida en el artículo anterior, debe ser abonada por el Estado de la Ciudad mensualmente, por un valor siempre equivalente a un salario mínimo, vital y móvil”, será “inembargable y se pagará por cada hijo/a”.

En cuanto a los fundamentos, destacan que “los niños y niñas víctimas del femicidio comparten características similares con la madre (mujer asesinada), que son la dependencia con el agresor, su posición de debilidad frente a él y el terror que genera la situación de violencia día a día”.

Expresan por otra parte que “la vivencia del asesinato de la propia madre a manos del padre constituye un trauma severo” y que “la situación se vuelve desoladora ya que no sólo pierden a su madre sino que también a su padre, quien estará ausente por encontrarse prófugo, suicidado en algunos casos o preso”.

Así, resaltan “la gravedad de las repercusiones que supone para las hijas y los hijos el ser víctimas de la violencia consumada en el femicidio, destacando el aspecto traumático de la experiencia”, y aperciben de que “estas niñas y niños necesitan recuperar su salud psíquica, y en algunos casos física, luego de todo el sufrimiento que han vivido a lo largo de sus vidas y sobre todo luego de perder a su madre”.