Tragedia de Once: detienen a perito oficial

En la audiencia del lunes último del juicio por la tragedia de Once, el tribunal ordenó detener a un perito técnico oficial por presunto falso testimonio.
Así lo informó el Centro de Información Judicial, que precisó que se trata del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la Capital, integrado por los jueces Jorge Alberto Tassara, Jorge Luciano Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Ana D'Alessio, esta última en calidad de jueza sustituta.
Según consta en el acta correspondiente, en la referida audiencia “el perito ingeniero Néstor Mario Luzuriaga realizó distintas afirmaciones que resultaron inconsistentes y contradictorias con sus propios dichos plasmados en la audiencia del pasado 19 de mayo”.
De acuerdo con ese documento, “entre estas manifestaciones del testigo, en las que transcurrió un espacio temporal de poco más de diez días, intentó nuevamente modificar cuestiones sustanciales sobre su declaración”.
Lo hizo “aportando nueva y distinta información que, sin poder identificar su origen, resultó sugestivamente coincidente con lo expresado en otras audiencias por peritos que lo precedieron en el debate”, señalaron los jueces.
En opinión de estos, “esas palmarias inconsistencias deben ser valoradas a su vez con la sistemática reticencia que el testigo ha demostrado al responder y abordar cuestiones vinculadas a su intervención en el peritaje de la causa conocida como ‘Once II’”.
A propósito de esta última, “bajo la excusa de que no había repasado su contenido, se mostró claramente esquivo cada vez que se la mencionaba, incluso cuando se le formularon preguntas únicamente relacionadas con la metodología de trabajo y la mera obtención de información en esa pesquisa”.
Así, “los diversos eventos que fueron advertidos por el tribunal -ya señalados con anterioridad-, y su actitud manifiestamente reticente han cimentado en forma progresiva la convicción de los juzgadores en cuanto a que el testigo Néstor Mario Luzuriaga ha tenido una conducta reticente, inconsistente, cuestionadora, esquiva y elusiva al momento de prestar declaración testimonial en el debate oral de la presente causa”, afirmaron los magistrados.
Y destacaron: “Máxime cuando, en este caso en particular, se le han efectuado al menos dos advertencias formales en cuanto al modo en que se encontraba prestando declaración”.
El Tribunal Oral consideró asimismo “que el nombrado ha sido designado para intervenir en la presente causa en calidad de perito técnico oficial y que las inconsistencias señaladas hasta el momento resultan inadmisibles a los fines para los que fue convocado”.
En consecuencia, los jueces accedieron a la petición de la defensa del motorman Marcos Córdoba, que fue apoyada por el fiscal Fernando Arrigo y los abogados querellantes, y dispusieron que se procediera a la detención de Luzuriaga, quien quedó a disposición del juez federal Luis Rodríguez.
Cabe recordar que en diciembre último quedó detenido bajo la misma imputación Carlos Testuri, funcionario de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Cuatro meses antes, en agosto de 2014, en razón de su reticencia y de las contradicciones en su relato, se ordenó la detención del guarda Patricio Marcelo Juárez, mientras que en junio de ese año, por incurrir en reticencias al dar su versión de los hechos, resultó detenido el otro guarda, Miguel Ángel Gerónimo, ambos por falso testimonio.
Por su parte, el Centro de Información Judicial recordó que se encuentran imputados en la causa por la tragedia, entre otros, los ex secretarios de Transporte de la Nación Juan Pablo Schiavi y Ricardo Raúl Jaime; los ex titulares de la CNRT Eduardo Sícaro y Pedro Ochoa Romero; a los empresarios Sergio, Roque y Mario Cirigliano, quienes al momento de la tragedia estaban al frente de la concesionaria TBA (Trenes de Buenos Aires), y al motorman Córdoba.
De acuerdo con el requerimiento fiscal de elevación a juicio, todos se encuentran acusados por los delitos de defraudación contra la administración pública y descarrilamiento culposo (que, según el Código Penal, tienen una escala de pena, respectivamente, de dos a seis y de uno a cinco años de prisión) a excepción de Córdoba, que sólo está imputado por el delito de descarrilamiento culposo.
El proceso, que se encuentra en etapa de declaraciones testimoniales, se reanudará el próximo lunes 8 de junio.