También Lozano denuncia a Boudou

El diputado nacional por la Ciudad y presidente del bloque de la Unidad Popular, Claudio Lozano, será recibido hoy a las10 por el juez Ariel Lijo, a quien le acercará las causas que inició oportunamente contra el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, por irregularidades registradas durante su gestión en ANSES y en la operatoria de canje de deuda 2010.

Según el legislador, esas causas “fueron ‘cajoneadas’ por el juez Norberto Oyarbide” y “exhiben puntos de contacto con el caso Ciccone que revelarían la existencia de una matriz de corrupción institucional” en la que ese caso sería “apenas un botón de muestra de las irregularidades que involucran al vicepresidente”.

El legislador formuló al respecto extensas declaraciones, que así inició: "El reciente, esperado y necesario llamado a declaración indagatoria para Amado Boudou por parte del juez federal Ariel Lijo tiene en sus considerandos elementos que se enlazan de manera directa con dos denuncias penales presentadas por nosotros a la Justicia a lo largo de los últimos cinco años, que involucran al mismo protagonista –y a otros funcionarios– y que duermen un injusto sueño para los justos: una causa se encuentra archivada argumentando inexistencia de delito y la otra está actualmente ‘cajoneada’ por el impresentable juez Oyarbide”.

Acerca de esas causas, precisó en primer lugar que la que lleva el número 12105/09, que involucra a Boudou junto a Sergio Chodos y a Diego Bossio, “plantea la irregular compra de Préstamos Garantizados por parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad entre enero y junio de 2009 con el objetivo de ‘inflar’ el canje de deuda de esos instrumentos por otros emitidos al 2014 y 2015 con ajuste de tasa Badlar”.

Dijo también que “en ese período, el FGS compró directamente a distintas Sociedades de Bolsa –que operaban por cuenta y orden de terceros– Préstamos Garantizados por $570 millones a precios arbitrarios y sin saber quién era el tenedor original”.

Y agregó: “Además, benefició al Banco Galicia y al Deutsche Bank (que era además organizador del canje) con swaps (recibiendo PG´s Global 08 y Mega 580+ y entregando bonos de deuda a precios de remate) que generaron ganancias varias veces millonarias a estas instituciones con la simétrica pérdida para el fondo que debiera soportar los déficits previsionales”.

“Además, en junio del 2009 el FGS realizó dos canjes con la Sociedad de Bolsa Facimex S.A., sospechada de delitos con fondos previsionales en el pasado e involucrada con posterioridad con la causa Ciccone al haber recibido los fondos de Dusbel S.A. por intermedio de P.T. Bex Bursátil”, abundó.

En sus palabras, “esta curiosa coincidencia pone a Jorge Brito en el eje de los movimientos financieros que involucran a Boudou y al resto de la gestión oficial”.

“Esta causa está actualmente archivada por inexistencia de delito”, apuntó.

Por otra parte, puso de manifiesto que “el canje de deuda realizado en el año 2010 no sólo fue perjudicial económicamente para la Argentina, sino que también era ilegal, inconstitucional e incluso teñido de sospechas de tráfico de influencias y uso de información privilegiada”.

Así, declaró: “La imputación por parte del fiscal Jorge Di Lello al vicepresidente Amado Boudou por tráfico de influencias respecto al citado canje vuelve a poner sobre la mesa la realidad de esa operación: la captura de bonos defaulteados desde el 2005 al 2009 –y principalmente en el 2008, clímax de la crisis financiera internacional– con la certeza y la decisión política de la reapertura del canje vía la suspensión de la Ley Cerrojo”.

En ese sentido, destacó que “la consultora Arcadia –cuyos responsables son Marcelo Etchebarne y Emilio Ocampo– realizó, desde 2008, reuniones con varios bancos en Estados Unidos que fueron luego los que hicieron las propuestas de canje, sabiendo de antemano que la Argentina iba a canjear los títulos en défault por otras emisiones nuevas”.

Y prosiguió: “Eso habría permitido a quienes tuvieran la información de esas negociaciones comprar títulos argentinos a un precio muy bajo, para luego presentarse al canje haciendo grandes diferencias. No casualmente nunca se supo nada de esta consultora hasta que nuestra denuncia pública hizo que los tiempos del canje se estiraran para poder ‘blanquear’ en el prospecto de emisión su participación”.

Señaló que “Hernán Lorenzino era secretario de Finanzas en octubre de 2008 y el delegado argentino en las ‘negociaciones’ con los bancos” y cuestionó: “Si Arcadia sólo tenía un convenio privado con Barclays (el organizador del canje), sería bueno saber por qué el 2 y 3 de octubre de 2008 Lorenzino se reunió, no sólo con los supuestos bancos organizadores, sino también con Arcadia”.

Además, puntualizó que “también se hicieron públicos mails entre el ministro Boudou y el representante y asesor de los bonistas Etchebarne, de agosto de 2009 [donde] pactaron las condiciones que tendría el futuro canje y donde organizaban juntos reuniones con los representantes de los bancos organizadores”.

“Todo esto”, resumió Lozano, “se objetivó en la denuncia penal Nº 6397/13 que recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Nº 3 a cargo de Daniel Rafecas, pero terminó –por conexidad con otra causa vinculada a ese canje– en manos del juez Oyarbide, donde duerme plácidamente”.

Después de arrojar muchos otros datos, el legislador manifestó: “La interacción de la causa Boudou-Ciccone con nuestras denuncias es evidente, a tal punto que resulta obvia una común matriz operativa institucionalizada”.

Concluyó afirmando que “son muestras elocuentes” de eso, “la conexión de la ruta del dinero asociada a Ciccone con la vinculada a las operaciones fraudulentas del ANSES y el FGS (la firma Dusbel S.A., P.T.Bex Bursátil Sociedad de Bolsa, Facimex S.A. y el papel de Jorge Brito), así como la presencia simultánea de la firma The Old Fund y de la consultora Arcadia en la reestructuración de la deuda de la provincia de Formosa”.