Propician declarar a Campagnoli ciudadano ilustre

El vicepresidente primero de la Legislatura de la Ciudad Autónoma, Cristian Ritondo (Pro), y el diputado Gustavo Vera (Verde Alameda) presentaron juntos un proyecto de ley para declarar ciudadano ilustre de Buenos Aires al fiscal José María Campagnoli, actualmente suspendido y en proceso de destitución.

Según informaron los autores de la iniciativa, el principal referente del ProPeronismo recordó que “el fiscal Campagnoli es el responsable de haber encontrado las pruebas necesarias para enviar a la cárcel a varios violadores seriales y a miembros que integraban bandas de salideras bancarias, tipología de delito que en Saavedra, la jurisdicción de Campagnoli, se redujo a cero”.

De acuerdo con esa información, el titular de la Fundación Alameda, de reconocida amistad con el Papa, hizo presente a su vez que en ese año Campagnoli inició la investigación del empresario vinculado a la familia Kirchner Lázaro Báez, que se conoció públicamente como “La Ruta del Dinero K” y derivó en su hostigamiento por parte de la procuradora general Alejandra Gils Carbó, a cuyas instancias el fiscal fue suspendido y será sometido a juicio político.

Fundamentos del proyecto

En los fundamentos del proyecto, los autores exponen detalladamente la proficua labor desarrollada por Campagnoli, empezando por mencionar que “durante sus primeros años de trabajo en Tribunales se cansó de observar cómo, a apenas cien metros de ese Palacio donde se impartía justicia, los negocios de la calle Libertad compraban y vendían autoestéreos robados con total impunidad y a la vista de todos, inclusive de jueces y fiscales” y que “ya designado fiscal, junto a otros colegas, impulsó un operativo conjunto en el cual se allanaron 28 locales y secuestraron 4000 estéreos robados”.

Mencionan seguidamente que “en 1997, Campagnoli fue el encargado de investigar y acusar al concejal porteño y presidente del Concejo Deliberante José Manuel Pico por delitos de corrupción, más precisamente por haber cometido 542 estafas”, con el resultado de que “Pico fue finalmente condenado a 14 años de prisión por defraudaciones, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito”.

Señalan después otros muchos episodios de su historial, entre los que destacan que “en 1999 se integra al grupo de fiscales que inician la prueba piloto de una oficina descentralizada de fiscales en el barrio de Saavedra” y que “la experiencia exitosa da pie a la ley que institucionaliza las Fiscalías de Distrito, sancionada en el año 2003”.

Destacan asimismo su actuación cuando, al frente de la Subsecretaría de Seguridad y Protección Civil, debió ocuparse de la toma de la comisaría del barrio de La Boca. Así, relatan que “Campagnoli se presentó en el lugar en carácter de subsecretario y condujo la negociación con los ocupantes de la dependencia policial, principalmente con el dirigente piquetero Luis D’Elia, que asumía un rol de referente en la toma” y que “luego de tensas horas de negociación, se acordó que en la mañana siguiente se retirarían del lugar de manera pacífica, previa identificación de todas las personas que concretaron la toma”.

Refieren además que Campagnoli participó en el diseño del Plan Integral de Seguridad, “que fuera lanzado por Néstor Kirchner y que entre sus propuestas más polémicas –y provocadoras para el establishment judicial, sobre todo del fuero federal– promovía la federalización de todos los jueces nacionales penales de la Ciudad”, impulsaba “la creación de la Agencia Federal de Investigaciones para reemplazar numerosas funciones de la SIDE y de la Policía Federal” y promovía que “las cabezas de las fuerzas de seguridad fueran civiles, así también como el encargado de Asuntos Internos”.

Entre los hechos más recientes, recuerdan que en mayo de 2012 Campagnoli fue “designado por el procurador fiscal ante la Corte Suprema, Luis Santiago González Warcalde, al frente de la flamante Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos con Autor Desconocido, en cuyo seno promovió la creación de la Secretaría de Investigaciones Penales (SIPE) que, bajo su liderazgo, llevó adelante durante el año 2013 la investigación de lo que se conoció públicamente como ‘La Ruta del Dinero K’, investigación sobre el empresario vinculado a la familia Kirchner, Lázaro Báez, caso a partir del cual la procuradora general Alejandra Gils Carbó comenzó a hostilizar su trabajo, hasta presentar la acusación que derivaría en su suspensión y pedido de enjuiciamiento”.

Dicen después que “a esta se sumó otra investigación, que si bien fue iniciada para confirmar el vínculo existente entre la dirigencia de River y la barra brava –figura penal contemplada en la ley de deportes que pena a quien promoviere, financiare o instigare la formación de barras bravas– que involucraba al entonces presidente de la entidad, Daniel Passarella; al tesorero, al vicepresidente, a la cúpula de la barra y a dos ex policías federales, derivaría en una sorpresa”.

Y añaden: “De las escuchas telefónicas a los involucrados en el supuesto pago de favores políticos de parte de la dirigencia a la barra brava por servir de fuerza de choque –comprometiendo el patrimonio del club, como por ejemplo, con la entrega de entradas a los barras para que las comercialicen; o el otorgamiento de porcentajes en la venta de jugadores de las divisiones inferiores– surgiría el nombre de Diego Rodríguez”.

“Diego no era un Rodríguez cualquiera”, subrayan, y precisan: “Vinculado a la comisión directiva del club durante la gestión de José María Aguilar, oficiaba de intermediario entre los dirigentes y la barra. Pero las escuchas depararían dos sorpresas: la primera era una vinculación de Rodríguez con Lázaro Báez; la segunda, que Diego resultaría ser el hermano de la flamante ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez”.

Así, resaltan, “este segundo caso llevaría la inquietud gubernamental a la acción concreta, la que se instrumentaría a través de la procuradora general Gils Carbó, quien solicitó la apertura de un jurado de Enjuiciamiento contra Campagnoli y su suspensión, decretada el 12 de diciembre de 2013”.

En ese sentido, previenen: “El Tribunal de Enjuiciamiento analiza su caso que puede derivar en dos decisiones: su remoción del cargo de fiscal o su reposición en ese cargo”.

Estiman a continuación que “los aportes de José María Campagnoli a la plena vigencia de los derechos, a la independencia de la Justicia, al respeto de la vida humana, a la plena investigación del delito y la corrupción, al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y, al mismo tiempo, su decisión de convertir el cargo judicial en un servicio público, en un estilo de vida apegado a los valores de la justicia y en un proyecto ético que resguarde la dignidad humana de la comunidad en la que actúa, demuestran claramente que aquel ignoto meritorio de 17 años ha hecho méritos suficientes para que la ciudad que lo vio nacer y le permitió crecer lo considere uno de sus ilustres ciudadanos que la habitan”.

“Cuando las instituciones reconocen a los referentes, convierten sus virtudes en faros éticos y la admiración individual se convierte en orgullo colectivo”, sentencian.

Por último, aclaran que “Campagnoli no necesita recibir el nombramiento de ciudadano ilustre para ser un referente social o para continuar aportando al bien común” y afirman que “es la Ciudad de Buenos Aires la que necesita otorgar esta distinción, para echar luz sobre el presente desde faros que sean capaces de iluminar el futuro”.