Fuerte polémica en la legislatura

En una agitada sesión –como últimamente han sido casi todas en las que se debatieron temas sustanciales– la Legislatura de la Ciudad Autónoma aprobó el jueves último, con los votos del Pro y del kirchnerismo, una declaración de apoyo a la delegación parlamentaria integrada por oficialistas y opositores que viajó a Estados Unidos a respaldar la posición del Gobierno nacional con relación a los denominados fondos buitre.

Significativamente, el texto discrepa conceptualmente de declaraciones formuladas al respecto por el propio Mauricio Macri.

Según había informado la víspera el referido cuerpo colegiado, el proyecto en cuestión, de autoría de los kirchneristas Gabriel Fuks y Lorena Pokoik, iba a ser tratado sobre tablas a pedido del bloque del Frente para la Victoria (FpV).

Pero en la sesión lo que se aprobó fue un texto consensuado por el kirchnerismo y el Pro, según el cual “la Legislatura declara su apoyo a las acciones desarrolladas por la misión compuesta por integrantes de los principales partidos políticos en Estados Unidos a favor de la defensa de los intereses nacionales, tras conocer la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos que deja firme el fallo a favor de una minoría de acreedores de la Argentina que no aceptaron los procesos de reestructuración de la deuda de 2005, 2010 y 2013”.

Asimismo, expresa su “beneplácito por el amplio y mayoritario apoyo internacional recibido por la Argentina en la citada controversia legal, como así también por la decisión del Gobierno nacional de arbitrar las medidas necesarias para que el 92% de la deuda externa reestructurada pueda seguir cubriéndose normalmente, evitándose cualquier cesación de pagos”.

Estos conceptos no se compadecen con los que ese mismo día había vertido el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, en diálogo con Ismael Bermúdez y Jorge Lanata en el programa que este último conduce por radio Mitre. “Ahora hay que ir y sentarse en el tribunal de [el juez Thomas] Griesa, y lo que Griesa termine diciendo hay que hacerlo: si no, entramos en défault”, consideró. Y agregó: “Ya nos ejecutaron, tenemos que ir y pagar, no nos queda alternativa. Cualquier cosa que consigamos que no sea al contado va a estar mejor que nada; y si hay que pagar al contado, se pagará al contado”.

Según el portal de noticias La política on line, generalmente muy bien informado, esta contradicción habría determinado que parte del bloque del Pro no acompañara el proyecto; así, Juan Pablo Arenaza se abstuvo e Iván Petrella se ausentó al momento de la votación.

También se abstuvieron los representantes del Frente Amplio UNEN y de Confianza Pública, en tanto que se manifestaron por la negativa Pablo Bergel (VA), Alejandro Bodart (MST) y Marcelo Ramal (FIT). Estos tres últimos y Maximiliano Ferraro (CC) presentaron sendos proyectos alternativos, que resultaron votados negativamente.

Como el oficialismo nacional y el porteño habían acordado el tratamiento sobre tablas sin discursos, después de la votación Ramal así los fustigó: “Ustedes han consensuado una declaración tan servil, que ni siquiera condena el fallo colonial de la Corte americana contra el país. Para evitar un bochorno mayor, resolvieron hacerlo sigilosamente, es decir, impidiendo que los bloques expresen su posición”.

Dijo también: “Ha sido maravillosa la decisión del kirchnerismo y del Pro de ponerse una mordaza para no condenar el fallo de la Corte norteamericana, y marchar en silencio al pago a favor de los fondos buitre y en el reconocimiento de una deuda fraudulenta, ilegítima y usuraria”.

E ironizó: “Pueden tomar el mismo avión e ir a Estados Unidos a saludar al juez Griesa y seguir hipotecando al país, como se viene hipotecando desde Videla hasta hoy”.

Por su parte, Bodart señaló: “Continúa el pacto Pro-K, ahora apoyando la lamentable negociación del Gobierno nacional con los fondos buitre para terminar pagándoles. Parece que votar juntos avergüenza a ambos bloques, porque hasta impidieron un mínimo debate democrático sobre un tema decisivo como es el de la deuda externa, que afecta a todo el país”.

“Honrar las deudas con nuestro pueblo”

El proyecto de Bodart está formulado en los siguientes términos: “La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa su rechazo al fallo de la Corte Suprema norteamericana en favor de los fondos buitre, señala que no es salida la negociación con dichos usureros internacionales e insta al Poder Ejecutivo Nacional a suspender todo pago de deuda externa y a destinar esos fondos a honrar las deudas con nuestro pueblo”.

Y prosigue: “Asimismo, esta Legislatura señala la necesidad de auditar el endeudamiento externo en su conjunto a fin de determinar qué parte del mismo es ilegítima y cuántas veces ya se ha pagado la supuesta parte legítima”.

En los fundamentos, el legislador del MST empieza por recordar que “como era previsible, la Corte Suprema yanqui ha favorecido a los fondos buitre que no entraron en los sucesivos canjes de títulos de la deuda externa argentina”.

A continuación, observa que, “lamentablemente, el Gobierno nacional y la oposición tradicional coinciden en la estrategia de negociar para terminar pagando” y puntualiza que “en el caso de Repsol, las bravuconadas del oficialismo concluyeron una vez más… en pagar”.

Seguidamente, aclara: “A nuestro entender, toda la deuda externa es ilegítima, ilegal y fraudulenta. Buena parte de ella, incluso en la que hace poco se le ha pagado al Club de París, fue contraída por la dictadura genocida. Otra parte es deuda del sector privado, que luego fue estatizada. Los endeudamientos contraídos por gobiernos constitucionales tampoco fueron en beneficio de la población. Y a esto se suma el mecanismo de la usura, que acumula intereses de intereses de intereses”.

En ese sentido, precisa que “ya en julio del año 2000, el juez federal Jorge Ballestero, que investigó la deuda externa, comprobó la existencia de al menos 477 delitos y aconsejó que la misma fuera auditada por el Congreso nacional, tarea que este nunca hizo”.

En sus palabras, “la enorme sangría que desde hace décadas implica pagar ese fraude no ha significado un desendeudamiento para nuestro país sino, muy por el contrario, que actualmente nos encontremos más endeudados que nunca”.

Y especifica: “Si al inicio de la última dictadura militar debíamos 7 mil millones de dólares, a su finalización 42 mil millones y en los años 90 más de 100 mil millones, hoy, tras años de pagar y pagar, el propio INDEC estima que ‘debemos’ unos 150 mil millones de dólares. O sea: más pagamos, más debemos. Y eso sin incluir la deuda pública con organismos nacionales como la ANSeS, el Banco Nación y el Banco Central”.

Al respecto, pone de manifiesto que “la contracara de tales pagos –que por supuesto complacen al FMI, el Banco Mundial y demás organismos internacionales, bancos y acreedores externos– es el enorme costo que conllevan para el pueblo argentino, que ve siempre postergadas las respuestas a sus necesidades”, y destaca que “los gobiernos ‘honran’ la deuda externa, y hasta se jactan de hacerlo, pero no cumplen con las deudas sociales”.

Y concluye: “Ante esta situación, y en el mismo sentido de la pelea que, entre otros, dio Alejandro Olmos, entendemos que corresponde tomar la decisión soberana de suspender todo pago de la deuda externa, investigarla globalmente y destinar a salud, educación, vivienda, empleo y demás necesidades sociales los millones que hoy van a engrosar los bolsillos de los usureros internacionales”.

“Que el pueblo decida”

A su vez, el proyecto de Ramal expresa: “La Legislatura repudia el fallo colonial de la Corte de los Estados Unidos contra Argentina, que pretende resarcir a los fondos que no adhirieron a los canjes de deuda, así como disponer embargos contra el patrimonio nacional en el exterior”.

Y continúa: “Asimismo, rechazamos la decisión oficial –y de la oposición tradicional– de asumir el pago de esta nueva hipoteca contra el país, con los mismos principios abusivos de los arreglos concretados con Repsol, el Club de París, el CIADI y los canjes de 2005-2010, para reconocer una deuda que constituye una mera capitalización de intereses, o sea, que reviste un carácter usurario”.

Dice también: “Reclamamos la inmediata suspensión del pago de toda la deuda externa y una auditoría integral a cargo del Congreso y de la Justicia. Que el pueblo decida, a través de un referéndum, qué hacer con una hipoteca cuyo pago conducirá a una nueva devaluación y a una confiscación en regla contra trabajadores, jubilados y contribuyentes”.

Plantea además: “En momentos en que la deuda internacional supera los 1.000 billones de dólares y está conduciendo a los pueblos del planeta a una verdadera catástrofe social, propugnamos la convocatoria a una acción internacional de movilización por el repudio de las deudas usurarias”.

Y manifiesta: “Integramos la cuestión del repudio de la deuda a la perspectiva y la lucha por un gobierno de trabajadores, que dispondrá del ahorro nacional, no para su dilapidación a manos de los usureros internacionales, como ocurre ahora, sino para la reindustrialización del país y la reorganización de su economía sobre nuevas bases sociales”.

En los fundamentos, Ramal afirma que “el fallo de la Corte de los Estados Unidos sobre la deuda argentina con los llamados ‘fondos buitre’ es un atropello en regla contra el país” pues “además de respaldar a los fondos especulativos que compraron deuda a precios de remate, habilita a la posibilidad de embargos contra el país en el exterior”.

A renglón seguido, define: “La deuda con los fondos que no se adhirieron al canje, pero también la de estos últimos, es un caso flagrante de usura internacional: durante cuarenta años, y a pesar de haber sido pagada varias veces, esta continuó creciendo como resultado de la mera capitalización de intereses”.

Señala que “quienes gobernaron en todos estos años han reconocido, como hilo conductor, el reconocimiento de esta losa sobre la economía nacional, que se ha pagado a costa de las condiciones de vida del pueblo argentino”.

En ese sentido, remarca: “El kirchnerismo no ha constituido una excepción: por un lado, rescató a la deuda que había caído en default en la bancarrota de 2001. En los sucesivos canjes de deuda, la ‘quita’ aplicada a los acreedores terminó compensada por la cláusula que los premia con el crecimiento del PBI. En consecuencia, los bonistas –que adquirieron esos títulos a precios de remate– triplicaron o cuadruplicaron su inversión inicial”.

Luego, refiere: “Para cumplir con esta deuda y pagarle al FMI, el gobierno destinó 40.000 millones de dólares de las reservas del Banco Central. Además, endeudó también al ANSES y al Banco Nación para resarcir a los acreedores internacionales”.

Y analiza: “La consecuencia de esta política de ‘pago serial’ de la deuda, como la definió la Presidenta, ha sido la liquidación del patrimonio del Banco Central, la inflación creciente y la dilapidación del ahorro nacional. Este cuadro se ha agravado con el resarcimiento a Repsol, a pesar de haberse comprobado su tarea de destrucción de YPF; del Club de París, por una deuda contraída mayormente con la dictadura militar, y con las privatizadas que litigaron en el CIADI. Al cabo de este derrotero, la deuda argentina roza los 300.000 millones de dólares. Pero, si se suma la llamada deuda ‘intraestado’, esa cifra alcanza los 400.000 millones, el 85% del producto bruto interno”.

Así, prevé que “la política de reconocimiento de la deuda usuraria –que todos los bloques políticos han refrendado con su reciente viaje a Nueva York– conducirá a una nueva bancarrota nacional, que pagarán trabajadores, jubilados y contribuyentes”.

Por último, plantea: “En consecuencia, proponemos esta declaración, en rechazo de este fallo colonial y de la intención de todo el arco político de los partidos del régimen por acatarlo; por el desconocimiento y la investigación integral de la deuda usuraria y por un referéndum, para que el pueblo decida el destino de esta hipoteca sobre el país y sus trabajadores”.